El coronavirus ha remecido el mundo. Tanto así que no sólo podemos hablar de una pandemia, sino que parece pertinente señalar que nos encontramos viviendo la crisis del Covid-19. No obstante, las crisis no necesariamente representan algo negativo, por el contrario, la RAE la define como un “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación, o en la manera en que estos son apreciados”.

De esta forma, como sociedad hemos tenido que evaluar y realizar cambios en diversos ámbitos y procesos como respuesta de adaptación al confinamiento y distanciamiento social al que nos ha obligado la pandemia.  Uno de estos es la participación ciudadana (PAC), tanto en los procesos de evaluación ambiental (SEIA) como en la formulación de los instrumentos de planificación territorial (IPT), el cual es clave para recoger las inquietudes, opiniones, fortalecer a la ciudadanía y dar legitimidad a los distintos procesos.

Ante esto, las autoridades plantean la necesidad de buscar alternativas para abordar y desarrollar este tipo de instancias considerando las limitantes actuales, lo que ha llevado a integrar la comunicación a distancia y el uso de plataformas o programas que permitan una participación telemática.

Si bien este tipo de mecanismos permiten seguir integrando a la ciudadanía en los procesos participativos y no retrasar los tiempos de evaluación –que para el caso de los IPT siempre son extensos—, genera inquietud cómo nos hacemos cargo de las realidades y dificultades de los diversos territorios y comunidades del país, asegurándonos que nadie quede fuera. Esto implica tener en consideración desde el acceso a dispositivos tecnológicos, como smartphone o notebook, hasta el acceso a señal, ya sea telefónica o de internet. Así mismo, no es de menor importancia el conocimiento digital que deben poseer las comunidades en la utilización de este tipo de dispositivos y/o herramientas.

Para subsanar estas brechas digitales se podría realizar un catastro previo sobre el acceso a dispositivos e internet, con el fin de evaluar y cerrar potenciales brechas para la implementación de reuniones a distancia, asegurando que estas sean efectivamente participativas y no se limiten solo a la entrega de información.

En este sentido, las instituciones responsables cobran especial relevancia al momento de implementar las participaciones ciudadanas telemáticas, pues deben velar porque –ya sea las mismas instituciones o los titulares de los proyectos— se asegure la efectiva participación de todos quienes quieran participar. Aquí se abre un espacio donde se podría pensar en un trabajo colaborativo entre las instituciones públicas y privadas que participan del proceso, con el fin de incrementar el acceso a estas plataformas.

En este ámbito, también cobran un rol relevante las consultoras socioambientales que prestan servicios de relacionamiento comunitario, no sólo porque pueden ser capaces de idear y buscar alternativas para que se desarrollen procesos participativos eficientes, sino que también pueden ser parte del catastro necesario para evaluar la posibilidad de implementarlas, dado su conocimiento y despliegue territorial. En Entorno Social nos hemos preocupado por desarrollar herramientas metodológicas alternativas, aunque también consideramos que estas nunca reemplazarán absolutamente el contacto “cara a cara” y el conocimiento que otorga la presencialidad.

En definitiva, en medio de esta crisis y bajo un contexto de cambios, debemos velar por no retroceder en el involucramiento de la ciudadanía en los diferentes procesos de participación existentes. Las herramientas telemáticas pueden ser un gran aporte. Para eso, tanto las instituciones públicas como las empresas debemos ser conscientes de nuestro rol y de las diversas realidades existentes a lo largo del territorio nacional.

Camila Bello y Francisca Jara

Consultoras

                                                                                              Entorno Social