Tal como lo han recordado los alcaldes, a fines del 2019 en un contexto de alta agitación y reflexión social, la Asociación Chilena de Municipalidades desarrolló una consulta digital para rescatar visiones sobre la lista de prioridades sociales y las formas que se creían oportunas para resolver la crisis que se visibilizaba con las distintas manifestaciones del malestar ciudadano. A esta consulta se sumaron 220 comunas –  un 64% del total del país –  logrando la participación de 2.5 millones de personas. Se trató de un gesto altamente valorado por la ciudadanía pues, entre otras cosas, respondía a su molestia por la falta de consulta y participación en los procesos de toma de decisiones y la baja posibilidad de relevar necesidades desde los propios territorios.

Así dada la riqueza que presenta dicha información, ésta debiera ser considerada dentro del proceso constituyente actual al igual que aquellas opiniones y reflexiones elaboradas durante el proceso para una Nueva Constitución que impulsó el Gobierno de Michelle Bachelet; los encuentros multisectoriales como 3xi y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.  Estos, sumado a los cabildos que se multiplicaron por los territorios tras el estallido social, constituyen un insumo concreto para avanzar hacia la construcción de un debate que contemple las necesidades y expectativas de la ciudadanía desde su propio relato y no desde interpretaciones en las que podrían mediar intereses de otra naturaleza.

En otras palabras, con los resultados de estas experiencias participativas tenemos una oportunidad sin precedentes para generar un debate político y social más transparente, representativo y en consecuencia con mayores grados de legitimidad ciudadana y territorial.

En ello la masificación en el uso de las tecnologías digitales, producto de la pandemia, puede usarse a favor de este objetivo. Su uso para necesidades administrativas, laborales, educacionales, sociales o comerciales ha sido profuso, rediseñando y obligándonos a innovar en las formas de comunicación, lo que nos ha permitido dejar atrás en gran parte las barreras físicas y también económicas. Dichos impulsos de creatividad y adaptación debieran igualmente ser incorporados en el nuevo proceso constitucional. Estos medios podrían facilitar que en la discusión estén presentes líderes territoriales de diversas latitudes, brindando su visión, conocimiento y experiencia sobre los problemas, desafíos y oportunidades que presentan sus comunidades y cómo creen que estos podrían ser resueltos.

Hoy la atención está sobre la elección de constituyentes y posteriormente estará sobre la metodología de trabajo de los próximos 2 años. Sin embargo, no hay que olvidar que en instancias de diálogo los resultados son tan importantes como los procesos que se diseñan e implementan en ellas. Con participación real y representativa de la diversidad territorial y de talentos de nuestro país, podemos lograr un debate más franco, realista y enriquecido que esté a la altura de una Carta Magna que nos regirá por las próximas décadas.

Teresa Matamala Bellolio

Gerente General Entorno Social